An English summary of this report is below. The original report, published in Spanish in OjoPúblico, follows.

In Peru, since 2015, it has been prohibited to build fishing vessels, except as replacements for existing vessel, with prior issuance of a permit, and only in formal shipyards. However, this law is not enforced.

This is evidenced by the fact that in the last eight years, the artisanal fleet has increased by 2,080 vessels, but only 201 had applied for a permit to be rebuilt, according to the General Directorate of Captaincy and Coast Guard (Dicapi).

OjoPúblico flew a drone over five sectors of the Lambayeque and Piura regions, catalogued by the authorities as areas of illegal construction, and found dozens of vessels in the process of assembly inside yards, housing lots, and even in the streets.

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Astilleros informales: el primer eslabón de la pesca ilegal

En Perú, desde 2015, está prohibido construir embarcaciones pesqueras, a excepción de aquellas que deben ser sustituidas, previa emisión de un permiso y solo en astilleros formales. Sin embargo, esto no se cumple.

Una evidencia de ello es que, en los últimos ocho años, la flota artesanal se incrementó en 2.080 naves, pero solo 201 solicitaron permiso para ser reconstruidas, de acuerdo a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

OjoPúblico sobrevoló con un dron cinco sectores de las regiones Lambayeque y Piura, catalogados por las autoridades como áreas de construcción ilegal, y encontró decenas de embarcaciones en pleno proceso de ensamblaje dentro de corralones, lotes de viviendas e, incluso, en las calles.

La imagen es contradictoria. En el ingreso norte de La Tortuga, una caleta ubicada a 27 kilómetros del puerto de Paita, en la región peruana de Piura, basta cruzar un basural habitado por moscas y gallinazos para toparse con decenas de embarcaciones pesqueras a medio construir. 

Están por todos lados: desparramadas en corralones, lotes de vivienda y hasta en las calles. En este centro poblado de la costa norte del país viven 2.948 personas. Oficialmente, la principal actividad económica del lugar es la pesca artesanal. Sin embargo, a inicios de enero de 2024, solo había un puñado de naves pescando o transitando por la bahía.

El contraste entre las calles y el mar podría ser una curiosidad, si no existiera el antecedente: en Perú, desde 2015, está prohibido construir nuevos barcos pesqueros, a excepción de aquellos que necesitan ser sustituidos porque se quemaron, hundieron o quedaron obsoletos.  

La escena de La Tortuga se replica en otras partes del litoral peruano. A inicios de 2024, OjoPúblico recorrió cinco zonas de construcción de naves pesqueras: San José y Santa Rosa, en la región Lambayeque; y Yacila, La Islilla, y La Tortuga, en la región Piura. En estos cinco lugares se construyen nuevas embarcaciones. Según dirigentes de los gremios pesqueros y especialistas consultados para este informe, casi todas son ilegales.

La escasa fiscalización, los vacíos legales y los procesos de formalización, cuyos plazos se han ampliado al menos cuatro veces en los últimos siete años, son los factores que han contribuido a la carrera desenfrenada por tener más embarcaciones pesqueras en el mar: desde que se prohibió, en 2015, hasta el año pasado estas habían pasado de 17.920 a aproximadamente 20.000, según información del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), a la que accedió este medio. 

En otras palabras, en ese periodo se sumaron alrededor de 2.080 nuevos barcos. Sin embargo, solo 201 solicitaron permiso para ser reconstruidos, informó a este medio la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (Dicapi), de la Marina de Guerra del Perú.

El exceso de naves pesqueras afecta la sostenibilidad de las especies marinas y la economía de miles de pescadores. A pesar de eso, a fines de 2023, el Ejecutivo autorizó una nueva ampliación a la formalización de embarcaciones mediante cooperativas, que durará hasta setiembre. Además, en la Comisión de Producción del Congreso se discute un proyecto de ley que busca ampliar otro mecanismo de formalización —individual—, por un año más.

La ruta de las construcciones ilegales

En Perú, una embarcación pesquera no se puede construir en cualquier lugar y, menos, en la calle. Ese proceso debe realizarse en astilleros autorizados por la Dicapi, de acuerdo al artículo 578 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional.

En noviembre del año pasado, la Capitanía de Puerto de Paita, en coordinación con personal del Ministerio de la Producción (Produce), realizó un operativo contra la construcción ilegal de embarcaciones en La Tortuga. Allí encontraron 42 naves en construcción. 

No fue el primer intento para frenar esta actividad ilícita. En 2017, las autoridades habían intervenido dos astilleros ilegales, también en La Tortuga. En esa oportunidad, incluso encontraron madera de procedencia ilegal, pero no la pudieron decomisar porque la población se amotinó y atacó con piedras a los vehículos usados en el operativo.

Ese año, la Capitanía de Puerto de Paita había informado que, en su jurisdicción, contaban con 18 astilleros autorizados. Pero alertaron que, además, habían identificado corralones, depósitos y talleres clandestinos, donde se construían embarcaciones pesqueras sin ningún permiso en los centros poblados de Yacila, La Tortuga y La Islilla.

Aunque en 2023, las autoridades ofrecieron realizar más operativos para frenar esta actividad ilícita, nada ha cambiado en La Tortuga. A inicios de enero, un equipo de OjoPúblico recorrió la costa de Piura. Ahí captó imágenes con un dron en tres áreas de construcción de embarcaciones pesqueras artesanales: La Tortuga, Yacila y La Islilla, todas caletas de Paita, a media hora en auto desde ese distrito.

En el ingreso a La Tortuga, por ejemplo, hay un corralón con embarcaciones. Por su forma y el material empleado (madera), se trata de naves pesqueras artesanales nuevas, señalan los dirigentes de organizaciones pesqueras consultados para este informe. A su alrededor, en un terreno sin cerco y a la vista de todos, el 9 de enero había otras 30 naves en pleno proceso de construcción. Las maderas que conformaban el esqueleto de las embarcaciones aún no habían perdido su color claro, pese al intenso sol del verano. 

Unos metros más adelante, en otro terreno sin cerco, se apreciaban otras 15 naves pesqueras en pleno armado. Unas tres cuadras arriba, cerca del estadio de La Tortuga, otra tanda adicional de barcos estaba en construcción.

No es un secreto. En este pequeño pueblo, sin pistas ni veredas, se construyen barcos pesqueros de todo tamaño y en todos los espacios posibles. En Yacila, otra caleta piurana, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de La Tortuga, también se ensamblan embarcaciones pesqueras a la intemperie.

En este caso, la actividad se realiza en un espacio cercano a un campo deportivo de tierra, a un costado de la carretera de acceso al Desembarcadero Pesquero Artesanal. Desde el aire, se observaba medio centenar de naves, acomodadas una al lado de la otra. La mayoría parecían nuevas, y cinco estaban en evidente proceso de construcción.

A unos 20 minutos de Yacila, transitando al norte por una trocha carrozable, se llega a La Islilla. Ahí, entre el mar y la carretera de acceso, hay un cerro aplanado y, sobre ese terreno, unas 40 embarcaciones pesqueras, casi todas en construcción. El 9 de enero por la mañana tres hombres trabajaban sobre ellas, usando maderas y unas varas largas.

Un panorama similar al observado en La Tortuga hay en San José, un distrito costero de la provincia y región Lambayeque. OjoPúblico sobrevoló con dron sus calles un día antes, el último 8 de enero.

A pocos metros del ingreso al distrito se encuentra el astillero Don Enrique EIRL. Este negocio inició operaciones en 2019, y ofrece construcción y reparación de embarcaciones. Dentro del local, había ocho barcos en construcción. Este medio llamó a los teléfonos que figuran en la fachada del astillero, pero estos derivan a un buzón de voz.

Unos metros más adelante, a la izquierda, en un corralón sin nombre, había otras tres naves: una terminada, otra partida por un costado y una tercera a medio construir. 

"EN PERÚ ESTÁ PROHIBIDO CONSTRUIR NUEVOS BARCOS PESQUEROS. LA ÚNICA EXCEPCIÓN ES PARA LOS QUE NECESITAN SER SUSTITUIDOS".

Esa misma mañana de enero, un rápido recorrido desde los aires permitió observar que, entre la plaza mayor Isaac León Fiestas Millones y la playa de San José, había decenas de embarcaciones pesqueras en construcción. Algunas dentro de corralones de material noble, otras en espacios con cercos precarios, y otras más dentro de lotes destinados a viviendas. 

No obstante, el panorama en San José dista con lo que se observa en La Tortuga: aquí las naves han quedado a medio construir, al parecer, hace meses. Esto se deduce por el color oscuro de las maderas que componen el armazón de las embarcaciones.

A unos 20 minutos al sur de este punto, se encuentra Santa Rosa, uno de los 20 distritos de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, que también figura en el radar de las autoridades como zona de construcción ilegal de embarcaciones.

Una de las avenidas principales es Venezuela. En el lote 1010 se encuentra el Astillero Santa Rosa E.I.R.L., un negocio que ofrece la construcción y reparación de embarcaciones, pero que, en su fachada, tiene la licencia de operación tachada con un cascarón grueso de pintura blanca. Según la Sunat, es un negocio que inició sus operaciones en 2020.

Tras un cerco, se extiende un corralón, donde —con el uso de un dron—, ese día se observaban dos embarcaciones pesqueras artesanales en construcción. Al lado, hay otro corralón. Allí la escena se repetía: una nave partida por una esquina, otra en proceso de construcción, y otras cuatro cubiertas por mantas, que impedían conocer su estado.

Unas cuadras más adelante, frente a la bahía de Santa Rosa, donde se ubican muchas embarcaciones pesqueras, se observaban dos barcos, aparentemente, nuevos. Uno de ellos, de nombre Don Juan, tenía la matrícula RO-4484-CM. Esta figura en la lista de embarcaciones formales de Produce. El otro estaba cubierto y no se pudo distinguir su matrícula.

Lo que ocurre en La Tortuga, Yacila, La Islilla, Santa Rosa y San José advierte dos niveles de ilegalidad: por un lado, que las embarcaciones artesanales se construyen sin contar con autorización de la autoridad competente y, en paralelo, la existencia de astilleros informales. 

De acuerdo con las normas peruanas, corresponde a las Capitanías de Puerto, dependientes de la Dicapi, fiscalizar que las embarcaciones pesqueras se construyan dentro de astilleros, y con las autorizaciones correspondientes. 

Esa última institución dijo a OjoPúblico que, en sus registros, figuran 200 astilleros formales. Estos se dedican a la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones de acero, aluminio, madera y fibra de vidrio, precisó. Sin embargo, a pesar de la solicitud, la Dicapi no proporcionó el mencionado listado.

En lo que respecta a la situación de La Tortuga, el organismo aseguró que, a través de la Capitanía de Puerto de Paita, ha desarrollado cinco operativos conjuntos. En los mismos, precisó, han intervenido 181 embarcaciones involucradas en construcciones ilegales, a las que han “aplicado las sanciones administrativas correspondientes”.

"HAY DESIDIA. QUIERO CREER QUE ES ESO: FALTA DE VOLUNTAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN”, DIJO PERCY GRANDEZ BARRÓN.

Al ser consultada por las dificultades para la erradicación de la construcción ilegal de embarcaciones, la Dicapi indicó que viene trabajando en el tema. Argumentaron, no obstante, que algunas de estas actividades ilícitas se realizan en territorios ribereños donde no tienen competencia.

Otras autoridades con competencia son Produce, para determinar si las embarcaciones en construcción cuentan con permiso; el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), para verificar que la madera que se usa sea de procedencia legal, y las municipalidades, para corroborar si los locales donde se construyen embarcaciones tienen licencia de funcionamiento. 

La alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San José, Shirley Castañeda Sánchez, dijo a OjoPúblico que, el año pasado, participaron en una fiscalización, a pedido del Ministerio Público. Sin embargo, consideró que debe ser Capitanía de Puerto la que lidere ese tipo de acciones, incluida el mantenimiento de naves en lugares no permitidos. 

“Hacen el mantenimiento en la orilla del mar, y eso contamina la playa, pero Capitanía no se pronuncia”, señaló. 

"TODO SE MANEJA CON COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES", AFIRMÓ ELSA VEGA PARDO.

El alcalde de Santa Rosa, Esteban Jacinto Isique, señaló a este medio que, en lo que va de su gestión (desde enero de 2023), no han realizado ni participado en operativos a astilleros. Según comentó, han priorizado las intervenciones a otros tipos de negocios, como restaurantes. “Hemos escuchado que hay astilleros informales. De haber información más precisa, sí estamos interesados en intervenir”, agregó.

Este medio también intentó comunicarse con la municipalidad de Paita, aunque sin éxito. De igual modo, se hicieron consultas a Serfor, pero no hubo respuesta, hasta el cierre de este informe.

A Percy Grandez Barrón, abogado especialista en derecho ambiental y asesor legal del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), le llama la atención que se construyan embarcaciones pesqueras en la vía pública, incluso cerca a las instituciones, y que el Estado no intervenga.

“Hay desidia. Quiero creer que es eso: falta de voluntad para el cumplimiento de las funciones de fiscalización”, dijo a OjoPúblico. El especialista también advirtió que la fiscalización frente a esa actividad ilícita, que es el primer paso de la pesca ilegal, está muy debilitada.

En opinión de Elsa Vega Pardo, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal), el problema es la impunidad con la que operan estos actores. “Todo se maneja de manera ilegal, con complicidad de las autoridades, de Dicapi, de Produce”, dijo.

Es ilegal construir embarcaciones

La extracción comercial de especies hidrobiológicas en el Perú se clasifica como pesca artesanal o de menor escala y de mayor escala. 

El primer tipo se divide en artesanal y de menor escala. En la primera, predomina el trabajo manual, y se puede realizar con o sin embarcación. En la segunda (de menor escala), se usan embarcaciones con capacidad de bodega no mayor de 32,6 metros cúbicos. Estas ya están equipadas con equipos modernos y sistemas de pesca. 

La pesca de mayor escala, por último, se hace con naves que tienen una capacidad de bodega superior a los 32,6 metros cúbicos, y están provistas de modernos sistemas para la extracción de especies marinas.

"EN PERÚ, LA PESCA COMERCIAL SE CLASIFICA COMO ARTESANAL O DE MENOR ESCALA Y DE MAYOR ESCALA".

En abril de 2006, el Imarpe alcanzó a Produce los Resultados Generales de la II Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el Litoral Peruano (II ENEPA 2004-2005), que arrojó que, en ese entonces, existían 9.667 naves de pesca artesanal. Al comparar los datos con los de 10 años antes, se apreciaba un incremento del 54,2% en la flota. 

Esta situación, según el organismo científico, generaba afectación a los pescadores, quienes debían invertir más tiempo y dinero para sus faenas. En esa línea, el Imarpe recomendó que se tomen medidas para reducir el esfuerzo de pesca y conservar las especies marinas. 

Como resultado, en noviembre de 2006, el Estado peruano suspendió por dos años la construcción de embarcaciones pesqueras artesanales mayores de 10 metros cúbicos de capacidad de bodega.

La medida no fue suficiente: para 2012, la flota pesquera artesanal ya estaba conformada por 15.717 embarcaciones, según el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo. Tres años después, había alcanzado las 17.920 naves, según la ENEPA III. 

Frente a esa realidad, en febrero de 2015, Produce prohibió la construcción de nuevas embarcaciones artesanales y de menor escala para cualquier pesquería en todo el litoral peruano, con excepción de aquellas que necesitaban ser sustituidas.

Sin embargo, el crecimiento de la flota pesquera en el Perú no ha parado. Información preliminar interna del Imarpe respecto al ENEPA IV, a la que accedió OjoPúblico, revela que, hasta el año pasado, las embarcaciones artesanales ya sumaban aproximadamente 20.000, entre formales e informales.

¿Las alrededor de 2.080 embarcaciones que se sumaron a la flota artesanal se construyeron por sustitución? ¿Realmente, se necesita sustituir tantas naves? Este medio solicitó a Produce y a la Dicapi la lista de embarcaciones pesqueras que, desde 1995 a 2023, pidieron permiso para construirse de nuevo por sustitución. 

Al cierre de este informe, Produce no respondió. La Dicapi dijo que, entre 2015 y 2023, solo constan permisos para reconstruir 201 embarcaciones. 

“Toda construcción de una embarcación, si no es por sustitución, es ilegal. Por lo tanto, el Estado debería encargarse de sancionar a quienes construyen y, también, a los astilleros, sean legales o ilegales, donde se están haciendo estas naves”, dice el abogado Percy Grandez Barrón, de la SPDA.

Procesos de formalización que nunca concluyen

Toda persona natural o jurídica que pesque con fines comerciales en el Perú, además, de tener una embarcación pesquera construida cumpliendo las autorizaciones, debe contar con un permiso de extracción y licencias, según la ley que regula esta actividad. 

Como en la práctica miles de embarcaciones pesqueras operan en la informalidad, en junio de 2016, Produce abrió un proceso de formalización piloto, conocido como el de las cooperativas pesqueras. Su alcance era para embarcaciones artesanales con capacidad de bodega de hasta 32,6 metros cúbicos, inicialmente, sin precisar espacio geográfico y especies hidrobiológicas alcanzadas.

En julio de ese año, el ministerio precisó que el proceso estaba dirigido a los armadores dedicados a la extracción de calamar gigante (pota) y perico de los centros poblados La Islilla y La Tortuga, ambos en el distrito y provincia de Paita, región Piura. 

Luego, en junio de 2018, el programa se amplió al distrito de San José (Lambayeque), para armadores dedicados a la extracción de calamar gigante, perico, bonito, tollo, raya y cinco especies de tiburón.

Estos tres programas piloto de formalización por cooperativas pesqueras tenían como plazo de duración cuatro años, pero se han ido ampliando. La última prórroga se dio el 28 de diciembre del año pasado, cuando Produce extendió hasta el 30 de setiembre próximo, la vigencia de los permisos provisionales de los pescadores de La Islilla, La Tortuga y San José.

“La norma busca garantizar que aquellos pescadores que están en proceso de obtener el permiso de pesca definitivo puedan seguir desarrollando la actividad extractiva a nivel nacional”, señaló Produce, en ese momento.

Sonapescal no está de acuerdo con esta ampliación. “La formalización debería haber terminado hace rato. Ya van más de siete años, y esto solo lleva al aprovechamiento de malos armadores y todos los que están metidos en la corrupción. Ojalá que en setiembre se termine”, dijo a OjoPúblico Elsa Vega Pardo, presidenta de esa organización.

En la SPDA también hay inquietud por el tema. “Nos preocupa que ese plazo sea usado para legalizar y formalizar a embarcaciones construidas de modo ilegal”, apuntó Percy Grandez Barrón.

Así como existe un proceso de formalización mediante cooperativas, también lo hubo para que los armadores obtengan sus permisos de modo individual. En diciembre de 2016, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1273, para simplificar los procedimientos administrativos y formalizar a embarcaciones artesanales de todo el país, pero solo de hasta 6,48 de arqueo bruto (volumen total de la nave). 

Este decreto creó el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa), que estaba a cargo de Produce. Originalmente, estaba previsto que el proceso de inscripción a través de este mecanismo no supere los 180 días. Sin embargo, en setiembre de 2018, se amplió, mediante el Decreto Legislativo 1392, para incluir a más embarcaciones. 

La nueva norma precisó que su alcance era para las embarcaciones artesanales de 6,48 de arqueo bruto a 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega, que realizaban actividad pesquera sin contar con permiso de pesca artesanal. O, que teniendo este, no coincidían con las dimensiones reales del barco.

Este segundo proceso, conocido como Siforpa II, debía realizarse por etapas: inscripción en el Listado de Embarcaciones para la Formalización Pesquera Artesanal,  verificación de existencia (solo para el caso de embarcaciones que no tenían certificado de matrícula) y obtención del Certificado de Matrícula. El proceso continuaba con la entrega del Protocolo Técnico para permiso de pesca y, concluía, con la emisión del permiso de pesca. 

Al final, ambos Siforpa debieron abarcar un plazo máximo de dos años. Es decir, tuvo que concluir en octubre de 2020. Sin embargo, en ese momento, se amplió por un año más, a causa de los estragos de la covid-19. En los dos años siguientes ocurrió lo mismo. Primero, este mecanismo de inscripción individual se extendió hasta el 30 de abril de 2022 y, luego, hasta el 31 de julio de 2022. La última prórroga se dio hasta el 31 de julio de 2023.

OjoPúblico buscó los descargos de Produce. Al cierre de este informe, pese a la insistencia, no hubo respuesta.

Resultados de los procesos de formalización

A través del proceso de cooperativas pesqueras, 1.623 embarcaciones pesqueras artesanales habían logrado formalizarse hasta el 18 de enero de este año: 1.466 mediante la norma inicial, el Decreto Supremo 006-2016-Produce, y 157, mediante una ampliación establecida por el Decreto Supremo 003-2023-Produce, de acuerdo a la lista de naves de la página web de Produce.

El Siforpa I, es decir las inscripciones individuales para embarcaciones artesanales de hasta 6,48 de arqueo bruto, había permitido la formalización de 6.821 naves, según el listado. 

Mientras tanto, el Siforpa II —dirigido a naves artesanales de 6,48 de arqueo bruto a 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega— legalizó otras 1.760 embarcaciones hasta el 31 de julio del año pasado.

"DESDE 2016 HASTA ENERO DE 2024, SE FORMALIZARON 10.204 BARCOS PESQUEROS CON EL MECANISMO INDIVIDUAL Y EL DE COOPERATIVAS".

En detalle, de acuerdo a un documento que entregó Produce a OjoPúblico, tras un pedido amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, 4.583 naves se inscribieron en el Listado de Embarcaciones para la Formalización Pesquera Artesanal a través de Siforpa II. Esta era la primera etapa y requisito indispensable que debían seguir los armadores para continuar el camino de la formalidad.

Una vez inscritas, de no contar con su certificado de matrícula, las embarcaciones debían pasar un proceso de verificación de existencia y operatividad. Las que tenían ese certificado podían avanzar directamente a la fase tres: iniciar el trámite de aprobación de planos de la nave ante la Dicapi. Sin embargo, solo 2.489 de ellas llegaron a esa etapa. 

Un informe de la Dirección de Promoción y Formalización Pesquera Artesanal de Produce, de julio del año pasado, señala 2.012 no llegaron o no cumplieron con el inicio de la tercera fase y, por tanto, quedaron fuera del proceso. Esta información fue ratificada en enero de este año a OjoPúblico por Produce. De las 82 restantes inscritas para la primera etapa, el documento remitido no da ninguna información.

¿Por qué esas 2.012 fueron retiradas del proceso de formalización? El documento precisa que, de ese total, 871 que contaban con matrícula anterior y otras 156 que no tenían matrícula no presentaron los planos de la nave a Dicapi para su aprobación y, así, continuar con el proceso. 

Las 985 naves restantes —también sin matrícula anterior— no demostraron su existencia, según detalla un informe de la Dirección de Promoción y Formalización Pesquera Artesanal de Produce, de julio de 2023, al que accedió OjoPúblico.

En total, a través de las cooperativas pesqueras y los Siforpa I y II, desde 2016 hasta el 18 de enero de este año, se habían formalizado 10.204 embarcaciones pesqueras artesanales, según información de Produce. 

La búsqueda de más ampliaciones

Los procesos de formalización de embarcaciones artesanales en el Perú datan de hace más de siete años, tiempo suficiente para que los armadores pesqueros hayan podido lograr la ansiada formalidad, de acuerdo a especialistas. Sin embargo, desde el año pasado, en el Congreso se discute una propuesta que busca otorgarles un año más de plazo.

En junio de 2023, el congresista José Pazo Nunura, parlamentario de Piura (Somos Perú), presentó el Proyecto de Ley 5496-2022. El mismo busca ampliar por un periodo no menor a 12 meses la formalización de naves artesanales o, incluso, por más tiempo si es que la autoridad competente así lo estima. Según el legislador esto es necesario porque la formalización a través del Siforpa II (individual) tenía “etapas muy complejas”, que “demandan mayor tiempo y trámites al administrado”.

La iniciativa, evaluada por la  Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, plantea que la ampliación alcanzará a las naves que figuran en el Listado de Embarcaciones para la Formalización Pesquera Artesanal y que no concluyeron el proceso. 

No obstante, sindicatos de pescadores y representantes de varias organizaciones de la sociedad civil temen que esta sea una estrategia para legalizar a las naves que se construyen ilegalmente, y a otras que ni siquiera existen todavía.

No son los únicos. Durante el segundo semestre del año pasado, la Comisión de Producción recibió varias opiniones técnicas desfavorables. Oceana Perú, por ejemplo, señaló que no era cierto que los procesos administrativos de formalización hayan sido complejos. Para la organización conservacionista, el problema radicó en que más de 2.000 embarcaciones no lograran demostrar su existencia.

Similar opinión tuvo la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). A su criterio, la propuesta solo conseguirá que se formalice a embarcaciones que se construyeron de manera ilegal. De aprobarse, según el gremio, se ahondará la situación crítica de la pesca artesanal, cuya flota ha superado ampliamente la biomasa apta para su extracción.

La posición de la Cámara Peruana Calamar Gigante (Capecal) fue más firme. “No se trataría de un proceso de formalización, sino [que] se podría estar legalizando un delito”, advirtió.

Por su parte, la SDPA consideró que el proyecto de ley alienta la construcción ilegal de embarcaciones y la pesca ilegal. “De aprobarse, constituiría un grave retroceso en perjuicio de la sostenibilidad pesquera y del sector pesquero artesanal que ha cumplido con la normativa y ha logrado formalizarse”, afirmó.

"LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN DEL CONGRESO ESTÁ ANALIZANDO UN PROYECTO QUE BUSCA AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL DE BARCOS PESQUEROS".

Además, la organización señaló que este proceso ya no existe. “El plazo del Siforpa II venció en julio del año pasado. Entonces, jurídicamente, no se puede ampliar un proceso de formalización que está extinto y, técnicamente, tampoco es posible que prospere ese proyecto de ley porque favorece la construcción ilegal de embarcaciones y el aprovechamiento irracional de los recursos hidrobiológicos y perjudica la economía de miles de pescadores”, dijo a OjoPúblico Percy Grandez, asesor de la SPDA.

La Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal), que agrupa a organizaciones pesqueras de Piura, Lambayeque y otras regiones, también considera que una ampliación más al proceso de formalización solo beneficiaría a los armadores que construyeron embarcaciones de modo ilegal.

Además, la organización presidida por Elsa Vega Pardo acusó al congresista José Pazo Nunura, en una carta a la que tuvo acceso este medio, de tener un “manifiesto conflicto de intereses (...) dado que el mismo no solo es propietario de embarcaciones pesqueras, sino también es accionista de un astillero (...), así como también tiene familia dedicada y vinculada al sector pesquero”.

OjoPúblico revisó la hoja de vida presentada por el parlamentario ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2022. En la misma, el legislador declaró, como única experiencia laboral, que, entre 2013 y 2022, fue capitán de una embarcación de la empresa Productos Marinos del Santa S.R.L., gerenciada por Manuel Natividad Pazo Nunura.

"EL EJECUTIVO AMPLIÓ LA FORMALIZACIÓN MEDIANTE COOPERATIVAS HASTA SETIEMBRE DE ESTE AÑO".

También registra dos embarcaciones pesqueras. La primera, de nombre Almirante Grau y matrícula PT-22562-CM, fue formalizada mediante el régimen artesanal y figura en la lista de embarcaciones publicada en la página web del Ministerio de la Producción. La segunda, de matrícula PL-22609-CM, no aparece en esa lista.

“El mar no aguanta más maderas. Tenemos los dos recursos de pesca artesanal, el perico y la pota, declarados, desde el 2021, como plenamente explotados por Imarpe. Hablar de una nueva formalización es irresponsable. Esperemos que el Gobierno no lo acepte y que el proyecto de ley del congresista José Pazo se archive” dijo a OjoPúblico Elsa Vega Pardo, de Sonapescal.

La posición de Produce, ente rector del sector, es más ambigua. En su opinión, la propuesta legislativa resulta viable, aunque con observaciones. La cartera aclaró, por ejemplo, que la vigencia de la formalización mediante el Siforpa II finalizó el 31 de julio de 2023. En este sentido, agregó, “la incorporación o integración de embarcaciones pesqueras artesanales al referido proceso no es posible”.

A pesar de eso, el ministerio afirmó que, de aprobarse el proyecto de ley, este debería permitir la incorporación de las 871 embarcaciones con matrícula anterior y las 156 sin matrícula anterior que iniciaron el proceso, pero no lo concluyeron. Las demás, a su criterio, no deberían ser incluidas.

En paralelo, el Colectivo Nacional del Sector Pesca, gremio que tiene como coordinador nacional a Timoteo Querevalú Eca, tuvo una opinión favorable de la iniciativa. 

Para esta organización, es falso que las más de 2.000 naves que fueron retiradas del listado del Siforpa no existan. El dirigente dijo que, si el Estado amplió el plazo de formalización a través de las cooperativas pesqueras, debería hacer lo mismo con las que se inscribieron en los Siforpa I y II. 

Timoteo Querevalú también consideró que la crisis en el sector pesquero artesanal no se debe al exceso de embarcaciones, sino al ingreso de barcos extranjeros que pescan ilegalmente en el litoral peruano. 

OjoPúblico consultó con otros dirigentes de gremios pesqueros artesanales para conocer su posición ante el proyecto de ley. Miguel Martínez Pintado, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Selectivos de Tumbes, y Marcelino Gonzáles Filupu, presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de El Ñuro, se mostraron en contra de la iniciativa.

"LA FLOTA ARTESANAL SE INCREMENTÓ EN 2.080 NAVES, PERO SOLO 201 SOLICITARON PERMISO PARA SER RECONSTRUIDAS".

“Sería un crimen dar este nuevo Siforpa. [Ese programa] solo ha traído clonación de embarcaciones y nos perjudica porque los recursos, año a año, se van agotando. Nos van a dejar agua colada para pescar. Tumbes no tiene otra actividad más que pesca y agricultura. Por ello, rechazamos rotundamente la ampliación”, dijo Martínez Pintado.

“Estamos en total desacuerdo con el proyecto porque se están formalizando embarcaciones grandes recién construidas, de modo ilegal, lo que nos perjudica a quienes hacemos verdadera pesca artesanal, que hacemos pesca selectiva y razonable”, explicó, por su parte, Gonzáles Filupu.

Este medio solicitó una entrevista con el congresista José Pazo Nunura y, además, le hizo llegar un cuestionario mediante un correo electrónico. Aunque se insistió telefónicamente en su despacho desde mediados de enero, no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

Una ventana a sanciones más drásticas

El 24 de enero último, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 31982, que tipifica como delito la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras. La norma precisa que quien construye o hace construir una nave para la pesca comercial, o modifica la capacidad de la bodega puede ser encarcelado por un plazo de entre tres y cinco años.

Al considerar como delito esta actividad, según precisa la misma ley, se podrá aplicar la interdicción (destrucción de las naves). Esto será una responsabilidad del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dicapi. Sin embargo, no ocurrirá de inmediato. Primero, se requiere un protocolo de intervención, que deberá elaborar la Fiscalía en los próximos 90 días.

Asimismo, se encargó a Produce y al Ministerio de Defensa que publiquen en sus páginas web la relación de embarcaciones pesqueras y astilleros que cuentan con autorización. Al ser consultada por los operativos que desarrolla, la Dicapi señaló a OjoPúblico que “efectuará las coordinaciones con las entidades afines, para dar cumplimiento a esa norma”.

"RECIENTEMENTE, SE PROMULGÓ UNA LEY QUE TIPIFICA COMO DELITO LA CONSTRUCCIÓN SIN PERMISO DE NUEVAS EMBARCACIONES PESQUERAS".

El incremento imparable de la flota pesquera artesanal amerita que el Estado peruano aplique esta nueva herramienta para combatir la construcción ilegal de embarcaciones y, con ello, la pesca artesanal ilegal. Esta tarea no será posible, si no se realizan operativos constantes, de acuerdo a los especialistas.

“En el norte debe haber 12 a 14 fiscalizadores de Produce para miles de embarcaciones (...) Hemos solicitado más presencia. Pero la respuesta siempre ha sido falta de presupuesto. Nosotros pagamos S/3,80 por tonelada [de recursos hidrobiológicos] por el certificado de procedencia. Son más de 4.000 embarcaciones, ese dinero debería destinarse para fortalecer la fiscalización”, sugirió Elsa Vega Pardo, de Sonapescal.

La dirigente dijo que urgen medidas más directas y efectivas en la lucha contra la construcción ilegal de embarcaciones. “Si siguen construyendo, de aquí a unos 10 años, vamos a tener un cementerio de embarcaciones en el mar y miles de pescadores desempleados. El Estado tiene que poner un alto, porque los recursos [hidrobiológicos] se están agotando”, advirtió.