Los vínculos de Ocho Sur con la proveedora de aceite de palma de la multinacional PepsiCo

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El gigante estadounidense de la alimentación que fabrica snacks como las marcas Cheetos y Doritos —PepsiCo— ha tenido como proveedora a Ocho Sur, una empresa con actividades en Perú relacionada con la pérdida de bosques en la Amazonía y la disputa de tierras indígenas en la región Ucayali. Ocho Sur –actualmente investigada por la fiscalía peruana– comparte depósito con proveedora de aceite de palma de Pepsico. En este reportaje colaborativo, OjoPúblico y The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) revelan otros detalles alrededor de este sector.

Desde hace por lo menos tres años, los proveedores peruanos de la transnacional estadounidense PepsiCo se abastecen de palma aceitera procedente de territorios deforestados, que la comunidad Shipibo-Konibo de Santa Clara de Uchunya, en la región Ucayali, reclama como suyos. 

La empresa, que maneja como marcas a los snacks Cheetos y Gatorade, tiene una fábrica en México que compra aceite de palma peruano, después de procesarlo en la refinería mexicana Industrializadora Oleofinos, del Grupo Oleomex. A su vez, esta firma adquiere el producto al consorcio peruano Sol de Palma que comparte dirección de depósito con Servicios Agrarios de Pucallpa de Ocho Sur, una empresa con capital de los Estados Unidos y actualmente investigada por presunta deforestación en la fiscalía de crimen organizado de Lima.

En tanto, según imágenes satelitales revisadas, en el depósito usado por Sol de Palma hay cilindros de almacenamiento donde se mezclan los distintos lotes de aceite de palma. Las instalaciones de almacenamiento mezclan los distintos lotes de aceite de palma, lo que significa que los productos de PepsiCo probablemente contengan aceite de Ocho Sur a pesar de que ya no compran directamente a la empresa, como lo indicó en su lista de proveedores del 2021.

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Además, en mayo del 2023, una publicación de La Encerrona evidenció que camiones de Ocho Sur entregaron aceite crudo de palma en un almacén de Blue Pacific Oils (BPO), una de las seis empresas del consorcio de Sol de Palma. En este artículo también se muestra una guía de remisión emitida por Servicios Agrarios de Pucallpa de Ocho Sur por la venta de aceite crudo a Sol de Palma. 

La compañía está vinculada a la pérdida de 12.000 hectáreas de bosque cuando se encontraban activas las empresas Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Pucallpa en territorios donde hoy opera Ocho Sur. 

Un análisis a imágenes de satélite realizados por el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) y The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) evidencia una deforestación de casi 5.000 hectáreas en los últimos tres años sobre las tierras que Ocho Sur o sus proveedores ocupan.

En Perú, la producción de aceite de palma se ha más que duplicado en la última década y Ucayali, ubicada en la frontera con Brasil, es la región que tiene uno de los niveles más altos de pérdida de bosques del país.

En los últimos años, según estimaciones de la Junta Nacional de Palma del Perú y el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), alrededor del 30% de la producción de palma del país tuvo lugar en tierras deforestadas ilegalmente. Y la mitad del aceite producido en Perú se destina a los mercados internacionales.

En la actualidad, Ocho Sur es la segunda mayor empresa productora de aceite de palma del Perú. Se creó en 2016 tras adquirir los activos de las empresas Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali, que en ese momento se encontraban dentro de investigaciones de la fiscalía ambiental de Ucayali acusadas de deforestación.

"Antes de 2012, las tasas de deforestación eran bastante bajas", afirma Tom Younger, antropólogo que trabaja con la ONG Forest Peoples Programme. "La entrada de la empresa en el territorio puso en marcha algunas dinámicas de invasión de tierras y deforestación".

Antecedentes y disputa

Parte de la pérdida de bosque en las plantaciones de palma aceitera que hoy administra Ocho Sur se produjo en tierras que actualmente reclama como suyas la comunidad indígena Shipibo-Konibo de Santa Clara de Uchunya. Ellos han enfrentado una larga batalla por el reconocimiento de su territorio, y hasta la fecha solo una pequeña porción ha sido titulada formalmente.

En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano proteger a la comunidad contra las amenazas e invasiones de tierras.

Luisa Mori Gonzáles, presidenta del Frente de Defensa Comunal de Santa Clara de Uchunya, dice que la llegada de la industria del aceite de palma ha afectado su abastecimiento de alimentos y generado la división al interior de su comunidad.

“Usamos este territorio para alimentarnos o cazar”, dijo a OjoPúblico y TBIJ. “La empresa les metió en la cabeza [a los demás miembros de la comunidad] que iban a tener dinero y riqueza, pero eso es mentira”.

"Un análisis a imágenes de satélite evidencia una deforestación de casi 5.000 hectáreas en los últimos tres años sobre las tierras que ocho sur o sus proveedores ocupan."

Ni Ocho Sur ni las empresas liquidadas cuyos activos adquirió obtuvieron el permiso ambiental necesario para sus plantaciones. El Ministerio de Agricultura peruano sancionó y multó a Plantaciones de Ucayali en 2015, a quien Ocho Sur compró sus activos, por incumplir una orden de cese de sus actividades.

La impunidad por delitos ambientales como la deforestación ilegal es un problema importante, según Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), que publicó recientemente un informe que vincula el aceite de palma peruano con otras reconocidas empresas de alimentos y cosméticos, como Kellogg's, Nestlé o Colgate.

“Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que lo que se vende tenga un origen legal”, dijo Urrunaga. “Si se comercializa un producto que se está cultivando y produciendo en áreas deforestadas ilegalmente sin un permiso de producción, ese debería ser un producto ilegal".

Los expertos atribuyen el crecimiento del aceite de palma en América Latina, hoy la segunda región productora de la industria detrás del sudeste asiático –y la de más rápido crecimiento–, en parte a su regulación más débil.

Hace tres meses, el Congreso de Perú aprobó cambios en la Ley Forestal que permitirá legalizar predios rurales que se encontraban bajo investigación de delitos ambientales, en “áreas de exclusión agrícola”. La modificación también abre paso al otorgamiento de títulos habilitantes con menores exigencias. 

Robert Heilmayr, economista ambiental que enseña en la Universidad de California en Santa Bárbara, dijo a TBIJ y OjoPúblico que si bien los compromisos del sector privado han traído algunos avances positivos en materia de transparencia en países como Indonesia, la complejidad de la industria hace que la trazabilidad total sea un desafío.

"Se vuelve un poco difícil saber exactamente de dónde provienen los racimos de fruta fresca y no hay una auditoría de esas listas de suministros por parte de terceros", indicó Heilmayr.

Actualidad y explicaciones

De acuerdo al análisis de la CCCA, PepsiCo fabrica al menos 15 productos que contienen aceite de palma peruano refinado en México, entre ellos Doritos, Cheetos y Gatorade. En un documento de debida diligencia, la empresa se comprometió a lograr que el 100% de su suministro de aceite de palma esté libre de deforestación para fines de 2022 y que su operación sea carbono cero para 2040.

Las preocupaciones sobre los orígenes legales del aceite de palma también han dado lugar a iniciativas internacionales como la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el esquema de certificación de sostenibilidad más utilizado en la industria.

Perú tiene diez miembros de la RSPO. Ocho Sur no es miembro y solo una de las seis empresas del consorcio de Sol de Palma tiene este sello. 

Respecto a los hallazgos de este reportaje, en una respuesta enviada por correo electrónico, PepsiCo indicó que se “toman muy en serio todas las consultas de este tipo y hemos iniciado una investigación a través de nuestro proceso de quejas establecido para evaluar si se requiere alguna acción por nuestra parte". 

La empresa también subrayó que la peruana Ocho Sur no es un proveedor directo de la empresa, y dijo que ha involucrado a sus proveedores directos para entender mejor sus vínculos con Ocho Sur y asegurarse de que toman medidas correctivas si es necesario.

Ocho Sur afirmó que no podía ser considerada responsable de las acciones de las empresas de cuyos activos y predios se había hecho cargo, en relación a la adquisición —vía subasta pública— de las empresas Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali. La compañía remitió a TBIJ y OjoPúblico un documento presentado a la ONU en diciembre de 2023 en el que se afirma reiteradamente que actualmente no tiene vínculos financieros ni jurídicos con ninguna de las empresas mencionadas. 

En el documento también negó ser responsable de la división en las comunidades locales y afirmó que no permite la deforestación en su cadena de suministro.

Sobre el tema de los permisos ambientales que todavía no le aprueba el sector Agrario y le garantizaría la sostenibilidad en sus actividades, Ocho Sur agregó: "La certificación ha sido solicitada desde hace mucho tiempo y [el Midagri, el ministerio de agricultura] no se ha pronunciado al respecto, otorgándole, como debería, ni dando argumentos razonables para justificar su negativa".

"Perú tiene diez miembros de la RSPO. Ocho Sur no es miembro y solo una de las seis empresas del consorcio de sol de Palma tiene este sello."

Por su parte, Oleomex –la empresa que refina el aceite de palma comprado al consorcio Sol de Palma– dijo que el aceite que suministran a Pepsico “cumple todas las normas de sostenibilidad, ya que es aceite con certificación RSPO". Sin embargo, añadió que los contratos de suministro con Ocho Sur se negociaron a través de un tercero y que ha acordado suspenderlos hasta que se resuelvan las quejas planteadas en la investigación.

Al cierre de esta publicación, Sol de Palma no respondió a las preguntas enviadas para el reportaje. 

La justicia peruana, a partir de una investigación de la fiscalía de crimen organizado de Lima, todavía debe determinar si Ocho Sur puede ser considerado responsable de los hechos pasados en Santa Clara de Uchunya.

Mientras la comunidad espera ese fallo, Mori Gonzáles se ha comprometido a seguir protegiendo el territorio: “Vamos a luchar hasta donde podamos”.