Reborn in the Country That Only Knows How To Condemn (Spanish)

An English summary of this report is below. The original report, published in Spanish in Alharaca, follows.

Feminist organizations and human rights defenders say the Salvadoran prison system not only violates women's fundamental rights in prison, but also causes them to be stigmatized once they have served their sentences.

This is the story of Dora, a Salvadoran woman who, in 2021, regained her freedom after 13 years in prison in Cárcel de Mujeres (Women's Prison). Although she is free, Dora faces a second sentence: the one of a society that stigmatizes people deprived of liberty and the state that does not guarantee an opportunity for rehabilitation for this population.

Renacer en el país que solo sabe condenar

En 2021, Dora recuperó su libertad luego de 13 años de prisión en Cárcel de Mujeres, un recinto penitenciario que retrata con fidelidad la desidia y el abandono del sistema judicial salvadoreño. Ahora, con libertad, Dora se enfrenta a una segunda condena: la de la sociedad que estigmatiza a las personas exprivadas de libertad y al Estado que no garantiza ninguna oportunidad de readaptación para esta población.

«Estoy libre», pensó. Miró a ambos lados de la carretera. Ni una sola alma bajo el cielo azul de domingo. «Estoy libre», pensó de nuevo. Dobló el billete de cinco dólares que recién le habían regalado y comenzó a caminar a orillas del asfalto que hervía por el calor de mediodía. No sabía hacia dónde tenía que ir. No sabía cómo había cambiado el transporte público en 13 años. «Pero estoy libre», se dijo a sí misma y siguió caminando.

Hoy, Dora comparte esta anécdota con una sonrisa en su rostro. Está sentada sobre en uno de los muebles que su hija mayor le consiguió. «Ahora me da risa, pero en ese momento, viera cómo me afligí», cuenta, sin dejar de sonreír. 

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Está hablando del 12 de julio de 2021, día en  que terminó su condena de 13 años por el delito de extorsión. El 12 de julio de 2021, Dora salió de la Granja Penitenciaria de Mujeres en Izalco, al occidente de El Salvador, con cinco dólares que una tutora, la misma que le informó de su libertad, le regaló para que viera cómo llegar a su casa. 

Lleva ya cerca de dos años en libertad. En este tiempo, el cuartito húmedo al que llegó recién salida de la cárcel ha cambiado mucho. Tiene varios muebles, un televisor de alta definición en donde ve el programa Caso Cerrado a diario, una refri y una cocina. Hay un difusor de vapor que deja una esencia a limpio, a fresco en el aire. «Mire, hasta tres espejos tengo ya», señala.

Esta mujer, de rostro duro y semblante serio, dejó 13 años de su vida en el sistema penitenciario salvadoreño. Un sistema que, según los datos del World Prison Brief, una estadística internacional carcelaria de Londres, Inglaterra, ocupa el tercer lugar a escala mundial en población de mujeres privadas de libertad. Lo superan únicamente Estados Unidos y Tailandia. Esto en un país de seis millones 330 mil 947 habitantes, de los cuales el 53.3 % son mujeres, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022.

A Dora la capturaron un domingo de 2008 por la noche. La capturaron frente a sus cuatro hijos, quienes fueron testigos de la violencia física de los policías. «El agente me pegó una pechada y yo caí en la cama. Mi hija mayor me abrazó y lloraba, y eso como que le enojó al señor policía», cuenta. Esa pechada sería el primer encuentro con un sistema que violaría sus derechos humanos de forma constante.

Para 2023, el sistema carcelario salvadoreño ya acumulaba 16,411 mujeres privadas de libertad capturadas, en su mayoría, en el contexto del Régimen de Excepción, que implica la pérdida de tres derechos constitucionales, capturas masivas y constante asedio policial en barrios como el de Dora. Este impera en el país centroamericano desde el 27 marzo de 2022. Antes del Régimen, la población de privadas de libertad era de 6,700. 

Estos son datos del Socorro Jurídico Humanitario, una organización que trabaja con víctimas del régimen. Porque en El Salvador, las estadísticas de población penitenciaria son secretas. La Dirección General de Centros Penales confirmó, a través de una respuesta a una solicitud de información, que estos números están bajo reserva estatal total.

Cuando Dora salió de la Granja de Izalco, se encontró con un San Salvador distinto al que ella había dejado. A su barrio le faltaban vecinos. Algunas rutas de buses ya no hacían los recorridos que ella recordaba. Las farmacias y comedores habían cambiado de lugar o, en el peor de los casos, dejado de existir. Pero ella era libre. Decidió, entonces, comenzar desde cero: aprender, de nuevo, a moverse. A existir.

«Al principio me daba miedo hasta cruzar las calles. Yo temblaba. Además, no hallaba qué hacer con tanto tiempo libre, digamos», recuerda. Con el tiempo, el miedo empezó a disiparse: su hija mayor, ahora con 25 años y una hija, la acompañaba todo el tiempo y le aconsejaba que siguiera adelante, que se independizara. Le recordaba que ya era libre. 

Dora, entonces, se la creyó: era libre. Tenía un papel, una carta de libertad, que lo decía. Tenía, después de 13 años, un Documento Único de Identidad que le daba nombre y libertad. Tenía, también, un carretón para vender comida rápida y ganas de trabajar. Con el aliento de su hija, de un grupo de apoyo de mujeres en su misma condición y de amigas que hizo allá adentro, Dora comenzó, al fin, a vivir su libertad. 

Regresar herida a la sociedad 

«Aquí no usamos la palabra reinserción. Aquí lo denominamos readaptación, puesto que la persona que ha salido de la prisión deberá volver a adaptarse a los contextos actuales», explica, desde Azul Originario, el trabajador social Nelson Amaya.

Amaya ha trabajado con mujeres como Dora con el «Protocolo regreso a casa», un programa que acompaña a personas exprivadas de libertad a regresar a los campos en los que se desenvolvían antes de cumplir una pena. Desde acá, luchan contra los estereotipos de una sociedad que condena a quienes han pasado por la cárcel independientemente de las condiciones por las que hayan llegado hasta ese lugar. «El principal estigma en contra de las personas exprivadas de libertad es que no confían en ellas. En ocasiones, prefieren no meterse con ellas, no acercarse, no contratarlas. Se enfrentan a un rechazo social y laboral muy marcado».

Las condiciones precarias, de abandono y de abusos dentro de los centros de retención del sistema penitenciario salvadoreño son, en su mayoría, las razones por las que las mujeres exprivadas de libertad sufren consecuencias permanentes. 

En este sentido, Silvia Juárez, coordinadora del Programa «Hacia una vida libre de violencia para las mujeres» de la Organización de Mujeres para la Paz (Ormusa), señala que las lógicas de condena del sistema penitenciario salvadoreño van más allá de la pérdida de la libertad: «Tiene que ver con una lógica de castigo muy característica de los sistemas patriarcales». El sistema penitenciario salvadoreño es, para Juárez, una figura de «padre castigador que tortura, que limita y que no enseña». Una figura de supresión de derechos humanos. 

Dora tiene claro que en muchos lugares no es bienvenida. Sobre todo, en aquellos que solicitan solvencia policial y antecedentes penales al momento de la contratación. Esto, sin embargo, no la ha detenido: desde que salió de la cárcel, se ha dedicado a la venta de platos típicos en su colonia. Un negocio que le deja «para comer y para no molestar tanto» a sus hijos.

También trabaja lavando ropa de sus vecinos o echando tortillas. Y aunque asegura que disfruta este tipo de actividades, reconoce que son su única alternativa en un mundo laboral que estigmatiza a mujeres como ella.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPVS), la institución estatal encargada de regular todo lo relacionado con el ámbito laboral en El Salvador, confirmó, a través de una solicitud de acceso a la información, que no cuenta con ningún programa de empleabilidad o readaptación laboral para personas exprivadas de libertad. 

Y es ante este abandono que instituciones como Azul Originario resisten a través de programas que se sostienen por cooperación internacional. Programas que brindan apoyo psicológico y formación laboral. «Y del Gobierno, no tenemos ningún tipo de apoyo», agrega.

Redes para sobrevivir

Las redes de apoyo son, de acuerdo con Amaya, un punto clave a la hora de trabajar en la readaptación. Las redes familiares o de amistades son importantes en todo el proceso, puesto que, además de volver a todo un sistema social que ha cambiado, las mujeres vuelven a convivir con sus entornos familiares y de amistades que tampoco son los mismos que dejaron.

Amaya habla del estereotipo de «mujer dura» como el que más identifican en las exprivadas de libertad. Lo describe como una «máscara», como la idea de «no necesitar la ayuda de nadie» a causa de todo el daño que sufrieron dentro de la prisión. Y es aquí donde conviene, de acuerdo con el trabajador social, fortalecer las redes de apoyo. Si no, se corre el riesgo de que estas mujeres caigan en padecimientos mentales y comportamientos, incluso, antisociales.

Dora reconoce que una de sus salidas preferidas es la de encuentro con su grupo de apoyo de AZO. «Al principio me daba como pena», recuerda con una expresión de vergüenza. «Era porque teníamos que hablar de cómo nos sentimos. Y eso, yo nunca lo había hecho».

Miedo después del miedo

Dora sostiene entre sus manos su carta de libertad. Ese papel que certifica que ella es una ciudadana libre tal y como nació. «Ahora ya estoy mejor, créame», explica, leyendo una y otra vez la carta. «Ya me adapté hasta a eso del régimen», cuenta entre risas.

Además de la estigmatización social y laboral, las mujeres exprivadas de libertad son víctimas de traumas psicológicos relacionados, en algunos casos, a las autoridades. 

«Piensan que pueden detenerlas nuevamente, aunque ya hayan cumplido el proceso. En algunos casos, hemos documentado ataques de pánico o de ansiedad al encontrarse de cerca con agentes policiales o soldados», explica Amaya.

A eso, hay que sumarle el temor a causa de las capturas masivas por el régimen de excepción. Un régimen que ya se ha llevado, de nuevo, a algunas compañeras del grupo de apoyo de Dora. «No hemos sabido nada de ellas», comparte, bajando la voz, como quien teme a que alguien la esté escuchando.

Desde que inició el régimen de excepción, tres derechos fundamentales permanecen suspendidos. En primer lugar, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, afectando la privacidad en las formas de comunicación. En segundo lugar, el derecho de la persona detenida a ser informada de sus derechos y las razones de su detención, sin estar obligada a declarar, además de garantizarle asistencia legal. Por último, se permite la detención administrativa por un máximo de 15 días antes de que una persona sea presentada ante un juez.

«Viera, una vez que estábamos en la farmacia. Vimos que una patrulla se parqueó cerca. No le miento, nosotras no podíamos ni caminar», cuenta Dora. «Y al final, me mentalicé, pues, que yo soy libre y que no he hecho nada. Que tengo mi carta y todo lo llevo en regla».

Ante la constante presencia policial en el barrio de Dora y las cercanías, ella no deja de bajar la guardia. «Ahora ya no les tengo miedo. Les tengo respeto. Pero siempre con cuidado». Y cuando sale, aunque sea a una tienda cercana, lleva consigo siempre su carta de libertad. 

«Eso es algo que recomendamos nosotros, que siempre anden sus documentos al día. Por cualquier cosa, pues», explica Amaya desde AZO. Las mujeres como Dora son libres. Pero, a veces, tienen que recordárselo al mundo por medio de un papel.

Hasta marzo de 2024, más de 75,000 personas habían sido privadas de libertad mediante el régimen de excepción. El Socorro Jurídico Humanitario ha documentado, a la fecha, que 236 personas han muerto en las cárceles, bajo custodia del Estado, durante la implementación de este régimen.