This project follows the stories of four Salvadoran women convicted of extortion, financial crimes...
An English summary of this report is below. The original report, published in Spanish in Alharaca, follows.
El Salvador condemns abortion with penalties of up to eight years in prison. But here, in the Americas' smallest country, women who suffer obstetric emergencies can be convicted as murderers and receive sentences that can go between 30 and 50 years in prison.
The Salvadoran justice system condemns these women. In prison, other inmates physically abuse them for being "murderers of their own children." And, outside prison, Salvadoran society condemns these women to a stigma that generates abandonment and a lack of opportunities.
Cynthia pasó 10 años en prisión acusada por homicidio luego de haber sufrido una emergencia obstétrica. La historia de Cynthia es similar a la de decenas de mujeres salvadoreñas, en el país más pequeño de América que todavía penaliza el aborto sin condiciones. Ahora, fuera de la cárcel, Cynthia intenta reconstruir su vida y luchar contra un estigma doble. Lo hace a partir del apoyo de organizaciones civiles y de su entorno familiar ante la desidia estatal que, además de condenar a mujeres como Cynthia, las abandona a su suerte cuando salen de la prisión.
«Fíjese que a mí me gusta bastante eso de la atención al cliente». Habla de sus habilidades y aptitudes laborales. Habla de aquello a lo que le gustaría dedicarse. Habla, también, de una de las veces en las que acudió a una entrevista para trabajar en este ramo. «Me dijeron que me iban a hablar. Ya dije yo que era mentira». En el lugar le solicitaron sus antecedentes penales. «Y en mi caso, los míos aún están manchados», explica, resignada.
Cynthia es una mujer de carácter amable, pero reservada. Es madre de una niña de dos años activa y sana. Y es, también, una de las mujeres que El Salvador, país más pequeño de América y que todavía prohíbe el aborto sin excepción alguna, condenó a prisión luego de sufrir una emergencia obstétrica. «Como le digo, están manchados», repite.
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El caso de Cynthia está documentado junto con el de otras 187 mujeres en la investigación «Del hospital a la cárcel» de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto. Estos casos ocurrieron entre 1998, cuando entró en vigencia la prohibición absoluta, hasta el 2022.
«Las mujeres que se han enfrentado a emergencias obstétricas son mujeres de bajos recursos, viven en situación de pobreza con pocas oportunidades. Llegan a un sistema que no solo las criminalizan a ellas, sino que también a sus hijos y sus familias», dice Lissette Alas, de la Agrupación. Hace referencia al sistema judicial y penitenciario salvadoreño, uno que, de acuerdo con ella, «estigmatiza al doble» a las mujeres que enfrentan condenas luego de sufrir una emergencia obstétrica.
A Cynthia la acusaron de homicidio agravado. Estuvo tres días en un hospital de la red pública de El Salvador luego de haber sufrido un aborto involuntario. Estaba confundida y débil por la pérdida de sangre. Y del hospital pasó al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres en Ilopango. A Cárcel de Mujeres, como se conoce en El Salvador a este lugar. Y ahí dejó 10 años de su vida, condenada como homicida. Condenada por la justicia salvadoreña, por otras reclusas que la abusaron físicamente por ser «asesina de su propio hijo», y por la sociedad misma afuera de la cárcel.
El Salvador condena el aborto con penas hasta de ocho años de cárcel. Pero aquí las mujeres que sufren emergencias obstétricas pueden ser condenadas como homicidas y recibir, como en el caso de Cynthia, penas de entre 30 y 50 años de prisión. Ella cumplió un tercio de su condena, originalmente de 30 años, gracias al trabajo de organizaciones civiles como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Hoy, Cynthia es libre. Es madre de una niña de dos años y dedica su tiempo, entre otras cosas, a hablar sobre lo que vivió en la cárcel. «Solo uno que está ahí adentro sabe lo difícil que es».
Resistir al estigma
Luego de que las mujeres demuestran judicialmente que sus condenas por homicidio fueron, en realidad, emergencias no provocadas, salen de la prisión, pero se enfrentan a un sistema que las penaliza de nuevo, de acuerdo con Lissette Alas de la Agrupación. «En este caso, a una sociedad que no les da oportunidad de reinserción laboral de ninguna forma».
«Se enfrentan con empleos carentes, vuelven a los trabajos de cuidado, se enfrentan a los rechazos de la sociedad, que por no haber cumplido con el mandato de ser madres son rechazadas, no solo ellas, sino también sus hijos y sus familias», enumera Alas.
Cynthia le da la razón a Alas con una sonrisa de resignación: «Es que cuando ven los antecedentes ya la ven mal a uno». Estas mujeres, entonces, se enfrentan a una doble estigmatización: la de haber pasado por el sistema penitenciario salvadoreño y la de ser acusadas de «asesinar» a sus propios hijos.
De acuerdo con el informe «Del hospital a la cárcel», la principal característica de las mujeres acusadas injustamente por emergencias obstétricas es que son jóvenes y con bajos niveles educativos. Dentro de la cárcel, explica Lissette Alas, pueden acceder a talleres para aprender oficios. Sin embargo, estos no garantizan una reinserción laboral al salir de la prisión.
«A veces han manifestado que salen a la calle y se encuentran con nada. Sin esperanza. Porque no hay certeza de que van a encontrar un trabajo debido al estigma al que ellas se enfrentan y sus familias», dice Alas. En este sentido, organizaciones feministas y de derechos humanos luchan contra la estigmatización y la falta de oportunidades a través de programas de apoyo.
En 2021, la Agrupación logró un proyecto de emprendimiento con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Cynthia fue una de las 21 beneficiaras de este. Así, consiguió capital semilla para iniciar un negocio propio; se convirtió en dueña de una pequeña venta de ropa usada en su lugar de residencia; y, consiguió una oportunidad para sostenerse económicamente al margen de los trámites que discriminan y estigmatizan en el mundo laboral salvadoreño.
«Aunque la venta es una forma de atender clientes, ¿verdad?», reflexiona mientras le cambia pañal a su hija de dos años. Además de vender ropa de segunda mano, Cynthia colabora con actividades de la Agrupación Ciudadana contra la Despenalización del Aborto. Lo hace, dice, porque quiere que conozcan su historia. Lo hace, dice, «porque no quiere que más mujeres sufran lo que ella sufrió». Lo hace, dice, «porque así también se puede sanar».
En diciembre de 2023, la Agrupación ciudadana anunció el cierre de la campaña Las 17 y más, tras lograr la libertad de Lilian, la última de las mujeres criminalizadas por una emergencia obstétrica. En 2015, ella tuvo un parto hospitalario y luego de que la hija falleciera bajo tutela del hospital fue condenada a 30 años por homicidio agravado. El 9 de octubre de 2023, la jueza del Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana anuló la sentencia. Cynthia y Lilian son parte de las 73 mujeres condenadas luego de experimentar emergencias obstétricas que recuperaron su libertad entre 2014 y 2023.
A la fecha, hay 11 casos activos, porque la Fiscalía General de la República optó por no archivarlos. Además, hay 6 casos en proceso judicial por emergencias obstétricas y 1 relacionado con derechos sexuales y reproductivos, vinculado a muerte materna por embarazo ectópico.
